En el debate público y en las percepciones políticamente o discursivamente correctas sobre la corrupción, tanto en especialistas, medios de comunicación y el sentido común de la ciudadanía, ha tenido mayor peso una mirada moralista, es decir una explicación que la relaciona con un problema de “valores” de los corruptores y los corrompidos. O, por otro lado, una perspectiva que relaciona el fenómeno con la debilidad de nuestras instituciones, particularmente de los corruptos políticos y de los funcionarios del Estado. 

Siendo estas explicaciones atendibles, son débiles, pero además esconden otros aspectos cruciales para entender lo que está pasando y cómo salir de ello. Francisco Durand en su interesante libro denominado Cuando el poder extractivo captura el Estado (http://bit.ly/2kcaj6H) publicado el año pasado, da cuenta, en el debate sobre este tema, de dos categorías bastante útiles para esclarecernos el fenómeno: la idea de “corrupción por soborno” y la llamada “corrupción blanca”.

No es la primera vez, en la era neoliberal, que atravesamos por una situación en América latina en la que varios actores políticos relevantes, también algunos empresariales, se encuentran enjuiciados o pueden ir presos, entre ellos gobernantes. A finales del siglo pasado vivimos una situación similar en la que en el caso peruano el gobernante terminó preso. Entonces, experimentamos las “reformas estructurales” bajo el consenso de Washington para implantar el libre mercado y reducir el Estado, como proceso orientado a lograr, en el discurso, un mayor progreso y menos corrupción “mercantilista”, donde un Estado grande era corruptor por naturaleza porque favorecía su/el monopolio. Como hoy, entonces, se destaparon sonados casos de corrupción a través de sobornos célebremente televisados con muchos fajos de billetes sobre la mesa.

Sin embargo se obvia que entonces, de manera legalizada (a través de normas e instituciones), se remataron (privatizaron) los bienes públicos, con más que favorables esquemas tributarios y laborales para los nuevos dueños, beneficiando así a quienes hoy hacen parte de los grandes grupos de poder económico, habiéndolo alcanzado en sociedad o en contubernio con quienes administraban el estado y que entonces concentraron el poder de manera importante. Esto nos plantea la necesidad de emparentar la corrupción con la manera en que se ha estructurado el poder en el régimen neoliberal.

Hoy, los grupos de poder económico que entonces se beneficiaron utilizando de palanca el poder político del estado, siguen beneficiándose con leyes, normas, decretos, con millonarias deudas judicializadas al estado, dado el vínculo y la gran influencia que tienen en los gobernantes a los que financiaron sus campañas, o hacen parte de sus empresas (puerta giratoria), lo que se constituye en una "corrupción blanca". El Estado ha sido capturado, ya no solo para hacerse de los activos públicos, sino para apoderarse de recursos y territorios, de tierras y ciudades, y sacar grandes ventajas en contratos y concesiones, asociaciones público privadas a costa de los derechos de la población y de una profunda desigualdad. Pero, también se sigue utilizando el soborno, y muchos otros mecanismos, incluso alianzas con sectores ilegales para acrecentar sus ganancias y poder.

Lo de Odebrecht no es una causa de la corrupción, sino un síntoma de cómo funciona el régimen empresarial en el que vivimos tras los ingentes ingresos que se generaron desde el 2004 con el ciclo de grandes precios de las materias primas, y el boom económico que viene llegando a su fin. Esto no quiere decir que no existan regímenes posneoliberales que no hayan sido alcanzados por la corrupción, como es evidente. En estos han sido los propios partidos progresistas, y el poder que concentraron, el que se alió a esos poderes económicos cuya base de poder en algunos casos ni siquiera fue tocada, produciéndose corrupción desde el Estado, pero también favoreciendo a importantes intereses económicos.