Hace unas semanas se llevó a cabo en Lima el encuentro de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas –RLIE-, iniciativa promovida por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de América Latina orientadas a reflexionar sobre las llamadas industrias extractivas en la región. En el marco de este encuentro se realizó el foro denominado “La herencia económica e institucional del superciclo y la nueva agenda” en el que me llamó la atención la intervención de Javier Gómez de Bolivia quien planteó que tras el superciclo caracterizado por los precios de la minería y otras materias primas nuestros países, más allá de su signo político (“neoliberal” o “progresista”), nos veíamos pasar de una “gran ilusión” de crecimiento económico y estabilidad política e institucional, a encarar con un “realismo dramático” lo que Basadre denominaría probablemente una “prosperidad falaz” y una nueva oportunidad perdida.

Así, en todos estos años, a pesar de los ingentes recursos y de los más que alentadores indicadores macroeconómicos, considerando además que sin duda importantes sectores salieron de la línea de la pobreza, no se han generado condiciones estructurales para tener una economía sólida y diversificada que vuelva irreversible la superación creciente de la pobreza aún a pesar de los vaivenes de los precios de las materias primas. Tampoco se avanzó en lograr una institucionalidad democrática sólida, realmente descentralizada capaz de planificar el desarrollo, que garantice el ejercicio de derechos de la población, como el derecho a protestar, a decidir de manera democrática sobre sus territorios, así como a tener estándares ambientales adecuados a pesar de reformas institucionales expectantes pero tímidas y limitadas que empiezan a ser desmontadas.

No es que se acabó el “boom minero”, sino el de los precios altos. Frente a esto los países tienen dos opciones: diversificar la economía y fortalecer su institucionalidad, o hacer “una carrera hacia el fondo” a fin de mantener las altas tasas de ganancia de las empresas e ingresos para los gobiernos. Esta segunda parece ser la opción tomada por gobierno diversos, como el venezolano que ahora busca impulsar la inversión privada y la explotación de minerales en el llamado arco minero del Orinoco a través de la militarización de la zona, la violación de los derechos de los pueblos indígenas y condiciones demasiado complacientes con empresas que han vulnerado las regulaciones ambientales. Esta es la realidad del Perú, en el que en el gobierno anterior se favoreció a la actividad minera empujando una serie de privilegios tributarios, así como revirtiendo lo poco de regulación ambiental y la capacidad de los gobiernos descentralizados y de la población a decidir sobre los territorios, además de criminalizar la protesta social y privatizar en favor de las empresas la acción de las fuerzas del orden.

En el caso peruano cobra gran dramatismo el que a apenas tres meses de inaugurado el gobierno de PPK ya tengamos un compatriota muerto en Cotabambas Apurimac, como resultado de la represión policial que se habría ordenado en la zona donde los efectivos están a cargo del servicio de la seguridad de la empresa que es dueña del Proyecto Las Bambas. En este caso, contra lo que quisieran quienes tejen teorías conspirativas la población apostó por la minería pero ha debido enfrentar la fragilidad de las regulaciones ambientales y sus consecuencias ambientales y económicas. Frente a un escenario dramático al que estamos siendo arrojados precisamos impedir esa carrera hacia el fondo de destrucción de lo poco avanzado. De no ser así, todo lo avanzado que ha reposado además en las espaldas y en los esfuerzos de los ciudadanos se desmoronará y no habremos vivido más que una “prosperidad falaz” y a una nueva oportunidad perdida donde unos pocos se han beneficiado y donde poco hemos avanzado en términos de ciudadanía, convivencia y buen vivir.