El conflicto en la provincia arequipeña de Islay en torno al Proyecto Tía María, que puede ser el hito que cierre el actual periodo gubernamental, es una reedición del conflicto en Conga en Cajamarca que justamente marcó su inicio. En todo este tiempo como país no hemos sido capaces de construir un consenso democrático sobre los términos en que debieran realizarse las actividades extractivas en los territorios, provocándose conflictos y generando no sólo situaciones de inestabilidad para las inversiones en este sector; sino que se han profundizado las desregulaciones sociales y ambientales, así como promovido la criminalización de la protesta social, y por tanto la vulneración de los de derechos de la población, llegando a la muerte de decenas de ciudadanos. Se configura así una política represiva del Estado llegando a permitirse a través de normas el uso letal de la fuerza por parte de las "fuerzas del orden". 

Contrariamente a lo que se dice a través de los medios de comunicación vinculados a grandes intereses económicos y la mayoría de voceros oficiales y oficiosos, a la base de de los conflictos no están las conspiraciones de elementos “antimineros”; está más bien la inexistencia de rutas institucionales y democráticas de resolución de los mismos, lo que deriva en la legítima protesta social y deviene lamentablemente en situaciones de violencia cuando esta se agudiza. Existen pues varios problemas de fondo que peligrosamente no son abordados en el debate público y que podrían darnos luces y pistas para empezar a resolver lo que no son sino síntomas de un modelo económico y político inaugurado por el gobierno autocrático de Fujimori y sancionado por una Constitución, la del 93, que lejos está de tener legitimidad en sus orígenes y no es más que un instrumento para vulnerar derechos básicos de la población, impidiendo soluciones reales en el marco de una democracia mínima.

Distantes estamos, sin embargo, de proponer soluciones “maximalistas” como remitirnos a la necesidad de una nueva constitución como la varita mágica que resolverá todos los problemas. El presidente Humala arribó al gobierno en medio de un gran anhelo de reformas de sus electores, las que se hacían posibles incluso con la llamada “hoja de ruta”, siendo enunciadas al principio del gobierno, las que sin embargo fueron paulatinamente abandonadas. La aplicación de la Consulta Previa, el ordenamiento territorial, la propuesta de una nueva minería con una mejor regulación social y ambiental, la posibilidad de discutir a profundidad la situación de la descentralización estuvieron presentes en varios momentos e incluso fueron objeto de iniciativas que se desdibujaron y abandonaron con el tiempo. Estos temas están relacionados no sólo con las decisiones que se toman respecto de los recursos naturales, como es evidente; sino que se relacionan con la redefinición del rol del estado y con la forma de toma de decisiones sobre los territorios, es decir, con la urgencia de establecer una gobernanza democrática de los mismos y con la posibilidad misma de profundizar nuestra democracia.

La gobernanza democrática de los territorios implica construir una institucionalidad y reglas claras que permitan establecer acuerdos básicos de manera democrática con todos los actores que hacen parte de estos, y no sólo los de las empresas o de la decisión unilateral del gobierno que invoca un pretendido interés nacional que esconde su parcialización con dichas empresas. Esto teniendo como apuesta la superación de las inevitables asimetrías entre la población y las grandes empresas (de poder, de información), que no tienen intereses necesariamente idénticos y son muchas veces divergentes, sobre la base de considerar los derechos de los ciudadanos asentados sobre ellos, y el desarrollo de esos territorios, apuntando a mejorar la calidad de vida, su sostenibilidad, la superación de las brechas sociales y territoriales que hoy en día nos agobian paradójicamente tras años de bonanza económica que han llegado a su fin.

Lamentablemente, en vez de avanzar en esta perspectiva democrática, el gobierno optó por constituirse en lo que Santiago Pedraglio denominó como un “régimen minero militar” con claros tintes autoritarios. Es decir, reforzó el rol del Estado como mero promotor de inversiones a cualquier costo, incluido el de la represión y criminalización de la protesta, y no como garante del ejercicio de derechos ciudadanos y menos como el ámbito institucional que permita planificar y gobernar los territorios desde los intereses de la población. 

De esta manera, profundizó un modelo económico basado primordialmente en las rentas producidas desde las actividades extractivas, que hoy encuentran un punto de quiebre con la caída de los precios de los minerales, considerando que las grandes empresas podían ser los motores del desarrollo en los territorios pero incluso teniendo un papel gubernamental (de “desarrollo”, en el uso de la fuerza, la realización de inversión pública, entre otros) en lo que Francisco Durand denomina “gobierno minero”. Desarrollando además una ofensiva para desmontar el proceso de descentralización por el que no ha hecho absolutamente nada, presentándolo como un estorbo, como fuente exclusiva de la corrupción que hoy inunda el país, recentralizando el presupuesto y el poder, y por tanto las funciones de los gobiernos descentralizados entre los que están su posibilidad de planificar y ordenar su territorio para definir sus usos y el aprovechamiento de sus recursos.

Como es evidente, lejos está de ser sólo un problema de “radicales” o de dificultades para no comunicar de manera técnica los beneficios de las inversiones. Es un problema político, es un problema de la democracia, es un asunto relacionado con cómo se toman las decisiones sobre los territorios. Pretender que sus usos pueden ser determinados por un sistema de concesiones basado en las reglas de libre mercado, sin considerar los usos y ocupación previos de las comunidades, de la existencia de otras actividades económicas importantes, dejando de lado otras posibilidades de desarrollo; sin tomar en consideración a los niveles intermedios de gobierno, que son los que después enfrentan los propios conflictos, y sin un mínimo de planificación; y definiendo que de lo que se trata es de garantizar solo las inversiones utilizando para ello al estado o privatizando sus recursos financieros para hacer obras que las legitimen los proyectos ante la población o utilizándolo como mera maquinaria represiva y criminalizadora para imponerlos, inevitablemente generará conflictos graves como los de Islay y Cajamarca.