Sin duda en el marco de lo que se ha llamado el proceso de “acumulación por desposesión”, que caracteriza a la etapa neoliberal del capitalismo, se ha venido produciendo una abierta disputa por el control de los territorios, los recursos públicos, los bienes comunes y los cuerpos por parte de los grupos de poder económico cada vez más trasnacionalizados. Sea a través de medios legales o ilegales, y de manera fundamentalmente violenta, diversas formas de economía extractiva se han asentado sobre los territorios de los países llamados subdesarrollados de la mano de los capitales financieros, para apropiarse de ellos.

Para impulsar este proceso ha sido necesario que se instituya un “régimen de excepción” que ha devenido en permanente y se ha hecho norma. De esta manera se estableció en el Perú, como en otros países, a través de un golpe de estado, un régimen político y económico en el año 92 con el llamado autogolpe de Alberto Fujimori, quien concentró el poder e inició las reformas que hicieron posible la desnacionalización y desdemocratización del país y de su economía.

Sin embargo, la resistencia creciente a este modelo, sumado a otros acontecimientos, terminó generando un quiebre y el inicio de lo que llaman algunos una transición a la democracia que quedaría inconclusa debido a que los esfuerzos democratizadores terminaron naufragando en sucesivos gobiernos en los que se producía su vaciamiento y ejercicio formal, es decir las decisiones más importantes sobre el país las fueron tomando los llamados poderes fácticos instalados y beneficiados con el corrupto régimen de Fujimori, mientras que la voluntad popular fue expresando a través de las urnas sus deseos de cambios económicos, sociales y políticos que una y otra vez fueron traicionados.

De esta manera se han ido produciendo las llamadas reformas neoliberales que con el gobierno de Humala han avanzado en su profundización. Humala representó un equilibrio de fuerzas en esa transición inconclusa que sin embargo él terminó definiendo a favor de los poderes fácticos en lo que adecuadamente se ha llamado un “régimen minero militar”. De esta manera, y no sin faltar las disputas dentro de los grupos de poder, el gobierno y los poderes fácticos representados dentro del ejecutivo, el congreso y otros poderes del Estado, han ido apuntalando políticas iniciadas por sus antecesores y desmontando o desfigurando algunas que pudieran abrir resquicios para disputar el control de los propios territorios, el control de sus recursos, y el de los bienes públicos.

De esta manera, mientras se sigue criminalizando la protesta y se afianzan dispositivos represivos, se fue dejando naufragar también a la descentralización y promoviendo e implementando el desmontaje de toda forma de regulación y control a los agentes económicos, sean ambientales, económicos o sociales, a la vez que se han seguido privatizando los bienes públicos como es el caso de la salud e incluso la propia inversión pública.

Dicho esto, sobre las medidas propuestas por el gobierno en el que el Ministro de Economía tiene un papel fundamental para promover las inversiones y que implican un “menú a la carta” para las necesidades de los empresarios en medio de una caída de los precios y la desaceleración del crecimiento de un economía profundamente dependiente de la exportación de “materias primas”, cabe preguntarnos si el hecho de ser entregadas para su aprobación a un congreso desprestigiado, y que acabada la legislatura las aprobará en la “Comisión Permanente” no significan un golpe a la democracia o más en perspectiva la continuidad del régimen de excepción que padecemos hace ya varias décadas.

Las medidas impulsadas por el gobierno, y no cabe duda aprobadas por un congreso convertido en un apéndice del ejecutivo, tienen consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales estratégicas que buscan asegurar el modelo de acumulación vigente en el largo plazo, y no serán debatidas de cara a una ciudadanía permeada y menguada en su capacidad de resistencia por los medios de comunicación, por economías que erosionan sus solidaridades y provocan violencia dentro de los propios territorios destruyendo las posibilidades de su acción conjunta, así como la evidente crisis de los espacios institucionales que podían generar algún contrapeso desde los territorios concentrándose el poder en función de los intereses de determinados grupos de poder. No hace falta decir que no existe tampoco un voluntad política que pueda expresar una alternativa distinta.